Promover la igualdad de derechos para todos y defender los derechos humanos en el mundo entero

Cada miembro de nuestras sociedades tiene el derecho de ser el autor de su propia vida y debe gozar de los mismos derechos humanos. Este principio fundamental es inherente a las democracias liberales, que defienden la libertad individual, el Estado de derecho y se oponen a cualquier forma de discriminación. Respaldamos y promovemos estos derechos tanto en nuestros países de origen como en otros lugares.
Nos esforzamos por garantizar que cada individuo tenga la libertad de ser auténtico, amar a quien elija y vivir según sus preferencias, siempre respetando que estas libertades deben ser defendidas siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás. Valoramos profundamente los derechos individuales de los miembros de grupos minoritarios y brindamos un apoyo especial a aquellos que son vulnerables a la discriminación. Creemos que las personas que profesan una religión. tienen creencias espirituales, son ateas o agnósticas, deben recibir igual protección para ejercer sus creencias dentro del marco de las leyes y el derecho constitucional.
A pesar de los avances logrados en el siglo XX en cuanto a la igualdad de género, aún persisten desigualdades que afectan tanto a mujeres como a hombres. Estas desigualdades incluyen la distribución desigual de la propiedad, la custodia de los hijos, la representación política, así como la violencia de pareja y la negación de los derechos sexuales y reproductivos. Nos comprometemos a luchar con determinación por los derechos de las mujeres y los hombres por igual, abogando por la ampliación de libertades y oportunidades para todas las mujeres y cualquier diversidad, al tiempo que nos oponemos firmemente a las perspectivas colectivistas.
En un Estado democrático, es deber asegurar que todos puedan ejercer su libertad en condiciones seguras y que aquellos que violen los derechos humanos y restrinjan las libertades enfrenten oposición y reciban un tratamiento adecuado. Estas medidas requieren inversiones públicas adecuadas en seguridad. Cuando otro Estado viola estos derechos humanos, Chile debe acoger a los refugiados que huyen de dichas violaciones, conforme lo establece la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Creemos que la responsabilidad de proporcionar asilo recae en la comunidad internacional en su conjunto, y Chile debe desempeñar un papel relevante en esta tarea. Al mismo tiempo, reconocemos la responsabilidad de Chile en abordar y combatir las causas profundas de la emigración, ya sean condiciones económicas, situaciones políticas o conflictos violentos en otros países, y esperamos que otras naciones también expresen solidaridad cuando nos enfrentemos a situaciones naturales o sociales que nos afecten.